El Gobierno no ve motivos suficientes para aplicar el artículo 155 en Cataluña

Rueda de Prensa, Isabel Celaá

“No se dan las circunstancias para aplicar el 155”

La ministra de Educación en funciones y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá cree que ahora no se dan las “circunstancias” para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. No se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado “gravemente el interés general“.

Explica Celaá que lo que se aprobó en el Parlamento de Cataluña no son leyes, sino “proposiciones no de Ley“, “resoluciones que no están en la Ley“. Solo son acuerdos  de la Cámarra legislativa que prosperaron gracias a los votos de ERC, JxCat y la CUP.

Añade Isabel Celaá que solo se trata de una respuesta institucional derivada de la próxima sentencia del “procés”. …y que por eso piden salida de la Guardia Civil de Cataluña y amnistía total para los políticos presos.

El Gobierno tiene previsto impugnar las resoluciones aprobadas ayer en el Parlamento catalán. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucciones a la Abogacía del Estado con el fin de que estudie su contenido y puedan ser impugnadas, previsiblemente ante el Tribunal Constitucional.

La cámara catalana somete por primera vez a votación y aprueba una resolución de esta magnitud, a diferencia del Parlamento Vasco, que sí que lo ha votado en varias ocasiones. La última en febrero de 2017, cuando el pleno rechazó la propuesta de Bildu de retirar todos los efectivos de los cuerpos policiales españoles.

¿Se podría aplicar ya el artículo 155 ?

En el hipotético caso de que se aplicase, sería la segunda vez con motivo del conflicto catalán. El gobierno de Mariano Rajoy lo aplicó en el año 2017 y a posteriori convocó elecciones. El artículo 155 de la Constitución Española:

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impontan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

“Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

Es decir, la aplicación del artículo 155 se restringe a cualquier acto imputable a los gobiernos autonómicos no recurribles ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, si la Comunidad no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, podría ser el momento de actuar. O bien, cuando se “atente gravemente” contra el interés general de España.

La finalidad del artículo 155 no sería privar de su competencia a la Comunidad Autónoma, ni suspender la autonomía. Solo trata de pedirle a la Comunidad Autónoma  que use su “competencia”  “de acuerdo a la Constitución y a las leyes”.

Cuantas veces se ha aplicado el artículo 155

El 21 de octubre de 2017 fue la primera vez en la historia de la democracia que se dio uso al artículo 155. Nunca antes se había llegado a desplegar en ninguna comunidad autónoma. Por eso, en el momento de su aplicación surgieron muchas dudas e interpretaciones erróneas que no interpretaban de forma correcta su verdadero objetivo.

El artículo 155 de la Constitución Española está inspirado en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de Alemania, que también contempla adoptar medidas para el cumplimiento forzoso de las obligaciones. Pero a diferencia con el alemán, en España para su aplicación debe  existir un conflicto que atente gravemente contra el interés general del país.

¿que pasos se siguen para su aplicación?

En cuanto se decide su aplicación el Gobierno enviará  un “requerimiento” al presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión para que cumpla con sus obligaciones.

Si el el presidente de la Comunidad no atiende dicho requerimiento, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para imponer a la comunidad al “cumplimiento forzoso” de dichas obligaciones. No obstante, antes de eso, el Gobierno deberá contar con la aprobación de estas “por mayoría absoluta del Senado”.